El Gobierno ha aprobado una modificación en la normativa laboral que permitirá a las empresas agrícolas y agroalimentarias ampliar los contratos temporales hasta 120 días al año, en lugar de los 90 días previos. Esta medida busca adaptar la contratación a la estacionalidad del sector y facilitar la cobertura de picos de demanda en campañas agrícolas.
Con esta nueva regulación, los empresarios dispondrán de mayor flexibilidad para gestionar su plantilla sin incurrir en infracciones. No obstante, los contratos deberán justificarse en función de la actividad estacional y no podrán utilizarse para cubrir necesidades estructurales.
El refuerzo en los controles por parte de la Inspección de Trabajo pretende evitar el uso indebido de esta modalidad de contratación y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Aunque esta flexibilización es bien recibida por el sector, los sindicatos advierten sobre posibles abusos y la necesidad de proteger los derechos de los empleados temporales.
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